Tradicionalmente, Belgrano R es considerado como uno de los barrios porteños más exclusivos, en donde el visitante queda impactado por sus añosas arboledas, verdes canteros en veredas anchas y pintorescas casas de estilo Tudor edificadas para el personal jerárquico del ex-Ferrocarril Mitre. Sin embargo, esta bella imagen cambia radicalmente al llover. Sin importar la intensidad de la lluvia, el fenómeno meteorológico deja en evidencia en poco tiempo décadas de desidia con relación a obras de ingeniería hidráulica, conservación de especies arbóreas y otros menesteres de la planificación urbana. Luego de dos obras hidráulicas que demostraron ser ineficaces contra las inundaciones, un grupo de vecinos de Belgrano R se enteró a mediados de Julio de 2007 que el GCBA haría dos túneles en pasos a nivel ferroviarios en la zona (Olazábal y Superí y Monroe y la vía del ex-FC Mitre). Las obras, con un valor de casi $60.000.000, se vinculaban al lanzado “Plan de Conectividad Vial”. En dicha oportunidad, presentaron ante el GCBA un recurso Administrativo para que se les informara respecto a las modificaciones que dichas obras introducirían en la zona, como así también qué respuestas se darían a las constantes inundaciones sufridas y aun sin solución aparente. La respuesta nunca llegó. Inquietados por el silencio gubernamental, los vecinos se movilizaron convocando a espontáneas reuniones para idear la mejor forma de ser atendidos por el gobierno porteño. Evacuadas todas las vías administrativas por la construcción de los túneles en los pasos a nivel de, se resolvió por presentar un amparo ante la justicia. Los móviles de dicha presentación se debieron a que el GCBA nunca convocó a audiencia pública como lo fija el artículo 30 de nuestra Constitución Porteña, el cual “Establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública.” El 20 de Septiembre de 2007, el juez Guillermo Treacy, magistrado de la Ciudad del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, ordenó al Gobierno porteño a suspender las obras para la construcción de los pasos bajo nivel mencionados a raíz del interés colectivo en juego invocado por los vecinos del barrio de Belgrano A partir de dicho momento, distintos medios de prensa y funcionarios porteños salieron al cruce de las ideas de los vecinos y a denostarlos retratándolos cual “habitantes de un country”. Luego de unos días, no tardó en llegar la réplica del GCBA. Así, la Sala II convocó una audiencia ordinaria en donde el gobierno realizó su descargo y los vecinos replicaron en su firme necesidad de que se cumpla la ley por encima de cualquier interés particular o capricho urbanístico gubernamental.Hacia fines de Diciembre, la empresa contratista Fontana Nicastro, pidió ser parte en la presentación, hecho que la Cámara desestimó. Sin embargo, ésta última accedió a que presentara un alegato con relación a supuestos perjuicios ocasionados a raíz de la suspensión de la obra. La audiencia ordinaria tuvo lugar el 27 de Diciembre de 2007. Asistieron a la misma los representantes legales e ingenieros de la empresa, los funcionarios de las áreas de Obras Publicas y Procuraduría del GCBA y los abogados patrocinantes de los vecinos junto a sus representados. En la reunión, la contratista expuso que res-petaba la decisión de la justicia respecto a la suspensión de obras, pero que los perjuicios ocasionados se dilataban conforme pasaba el tiempo. Por ejemplo, mencionó la compra de máquinas, un corralón y hasta una cuadrilla de obreros trabajando en el lugar. Agregó que no habría daño concreto y que el valor de las propiedades aumentaría según informes propios. La cámara exigió síntesis y, acto seguido, los ingenieros especificaron las bondades técnicas de obras. Posteriormente, la patrocinante de los vecinos, expuso que, como se escuchara en público y pese a la suspensión de las obras dispuesta por la Justicia, la empresa desoyó la medida cautelar y siguió con las obras. Asimismo, sugirió que no correspondía un análisis técnico sobre las obras y que, de ser procedente, el mismo debería ser expuesto en el ámbito de una audiencia publica, en donde se debata la conveniencia y factibilidad de la obra, entre otros aspectos. Por su parte, el GCBA sugirió que si bien no era renuente a que los vecinos participen consideran que existía un abuso en la figura del amparo y un exceso jurisdiccional, al conceder al poder judicial la atribución de intervenir sobre la planificación de la Ciudad. Por otro lado, ratificó que las obras son proyectos preexistentes a la Constitución de la Ciudad y que los amparistas no sugieren daños aparentes y se basan en conjeturas sin fundamento y que sus móviles verdaderos son su deseo de vivir en un barrio cerrado.Lejos de perseguir móviles particulares, los vecinos amparados en intereses colectivos genuinos pretenden se cumpla lo dispuesto por el Art. 30 de la Constitución Porteña y la Ley 123, con la finalidad de discutir obras de interés publico en ámbitos públicos y en forma transparente, democrática y pluralista en una clara apertura del debate sobre la planificación urbana y los problemas REALES de la ciudad de Buenos Aires.Vecinos Autoconvocados de Belgrano R
lunes, 24 de marzo de 2008
Obras - Breve Reseña de lo Actuado
Tradicionalmente, Belgrano R es considerado como uno de los barrios porteños más exclusivos, en donde el visitante queda impactado por sus añosas arboledas, verdes canteros en veredas anchas y pintorescas casas de estilo Tudor edificadas para el personal jerárquico del ex-Ferrocarril Mitre. Sin embargo, esta bella imagen cambia radicalmente al llover. Sin importar la intensidad de la lluvia, el fenómeno meteorológico deja en evidencia en poco tiempo décadas de desidia con relación a obras de ingeniería hidráulica, conservación de especies arbóreas y otros menesteres de la planificación urbana. Luego de dos obras hidráulicas que demostraron ser ineficaces contra las inundaciones, un grupo de vecinos de Belgrano R se enteró a mediados de Julio de 2007 que el GCBA haría dos túneles en pasos a nivel ferroviarios en la zona (Olazábal y Superí y Monroe y la vía del ex-FC Mitre). Las obras, con un valor de casi $60.000.000, se vinculaban al lanzado “Plan de Conectividad Vial”. En dicha oportunidad, presentaron ante el GCBA un recurso Administrativo para que se les informara respecto a las modificaciones que dichas obras introducirían en la zona, como así también qué respuestas se darían a las constantes inundaciones sufridas y aun sin solución aparente. La respuesta nunca llegó. Inquietados por el silencio gubernamental, los vecinos se movilizaron convocando a espontáneas reuniones para idear la mejor forma de ser atendidos por el gobierno porteño. Evacuadas todas las vías administrativas por la construcción de los túneles en los pasos a nivel de, se resolvió por presentar un amparo ante la justicia. Los móviles de dicha presentación se debieron a que el GCBA nunca convocó a audiencia pública como lo fija el artículo 30 de nuestra Constitución Porteña, el cual “Establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública.” El 20 de Septiembre de 2007, el juez Guillermo Treacy, magistrado de la Ciudad del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, ordenó al Gobierno porteño a suspender las obras para la construcción de los pasos bajo nivel mencionados a raíz del interés colectivo en juego invocado por los vecinos del barrio de Belgrano A partir de dicho momento, distintos medios de prensa y funcionarios porteños salieron al cruce de las ideas de los vecinos y a denostarlos retratándolos cual “habitantes de un country”. Luego de unos días, no tardó en llegar la réplica del GCBA. Así, la Sala II convocó una audiencia ordinaria en donde el gobierno realizó su descargo y los vecinos replicaron en su firme necesidad de que se cumpla la ley por encima de cualquier interés particular o capricho urbanístico gubernamental.Hacia fines de Diciembre, la empresa contratista Fontana Nicastro, pidió ser parte en la presentación, hecho que la Cámara desestimó. Sin embargo, ésta última accedió a que presentara un alegato con relación a supuestos perjuicios ocasionados a raíz de la suspensión de la obra. La audiencia ordinaria tuvo lugar el 27 de Diciembre de 2007. Asistieron a la misma los representantes legales e ingenieros de la empresa, los funcionarios de las áreas de Obras Publicas y Procuraduría del GCBA y los abogados patrocinantes de los vecinos junto a sus representados. En la reunión, la contratista expuso que res-petaba la decisión de la justicia respecto a la suspensión de obras, pero que los perjuicios ocasionados se dilataban conforme pasaba el tiempo. Por ejemplo, mencionó la compra de máquinas, un corralón y hasta una cuadrilla de obreros trabajando en el lugar. Agregó que no habría daño concreto y que el valor de las propiedades aumentaría según informes propios. La cámara exigió síntesis y, acto seguido, los ingenieros especificaron las bondades técnicas de obras. Posteriormente, la patrocinante de los vecinos, expuso que, como se escuchara en público y pese a la suspensión de las obras dispuesta por la Justicia, la empresa desoyó la medida cautelar y siguió con las obras. Asimismo, sugirió que no correspondía un análisis técnico sobre las obras y que, de ser procedente, el mismo debería ser expuesto en el ámbito de una audiencia publica, en donde se debata la conveniencia y factibilidad de la obra, entre otros aspectos. Por su parte, el GCBA sugirió que si bien no era renuente a que los vecinos participen consideran que existía un abuso en la figura del amparo y un exceso jurisdiccional, al conceder al poder judicial la atribución de intervenir sobre la planificación de la Ciudad. Por otro lado, ratificó que las obras son proyectos preexistentes a la Constitución de la Ciudad y que los amparistas no sugieren daños aparentes y se basan en conjeturas sin fundamento y que sus móviles verdaderos son su deseo de vivir en un barrio cerrado.Lejos de perseguir móviles particulares, los vecinos amparados en intereses colectivos genuinos pretenden se cumpla lo dispuesto por el Art. 30 de la Constitución Porteña y la Ley 123, con la finalidad de discutir obras de interés publico en ámbitos públicos y en forma transparente, democrática y pluralista en una clara apertura del debate sobre la planificación urbana y los problemas REALES de la ciudad de Buenos Aires.Vecinos Autoconvocados de Belgrano R
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